Ciudad de México, miércoles 24 de septiembre de 2025. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego depositó una fianza de 25 millones de dólares para evitar su detención en Estados Unidos dentro del litigio que sostiene AT&T por una deuda vinculada a pasivos fiscales previos a la venta de Iusacell. La información fue adelantada por Bloomberg y confirmada por medios en México; la jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, había dado a Salinas y a sus empresas un plazo de dos semanas para cubrir la obligación bajo apercibimiento de arresto —con traslado a Rikers Island— si no cumplía. El depósito evita la medida de aprehensión, no cierra el caso: la defensa apela el fallo de fondo mientras la fianza garantiza el pago en caso de que se confirme la condena.
El pleito se remonta a la demanda de 2020 presentada por AT&T Mobility Holdings B.V. tras comprar en 2015 la red de Iusacell a Grupo Salinas; el juicio de banca (sin jurado) concluyó con una condena por 20.15 millones de dólares conjunta y solidaria contra sociedades de Salinas, sentencia que la Primera División de la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó en febrero de 2025. La negativa de pago derivó en declaratorias de desacato y en la orden más reciente que obligó a prestar una garantía de 25 mdd o enfrentar el arresto por incumplimiento. En registros públicos del expediente, la jueza Masley detalla movimientos financieros de sociedades ligadas a Grupo Salinas posteriores al juicio, un contexto que pesó en sus medidas coercitivas.
Según la síntesis de Bloomberg y las crónicas locales, la fianza fue conjunta entre Grupo Salinas Telecom y su dueño; Grupo Salinas no respondió a solicitudes de comentario al cierre de esas notas. En paralelo, plataformas mexicanas como Reforma, Forbes y Proceso replicaron que el depósito se hizo antes de vencer el ultimátum, lo que desactiva por ahora el riesgo de arresto mientras corren las impugnaciones.
Para dimensionar el trasfondo económico: **AT&T acordó la compra de Iusacell en 2014–2015 por alrededor de 2,500 millones de dólares (incluida deuda), operación con la que el gigante estadounidense debutó en el mercado móvil mexicano. La disputa actual no cuestiona esa compraventa, sino quién debía cubrir ciertos impuestos heredados del periodo previo y qué daños se causaron; el tribunal neoyorquino dio la razón a AT&T en 2023 y la apelación de 2025 mantuvo el fallo. El pago de la fianza no implica admitir responsabilidad: asegura el monto mientras se resuelve la vía de revisión.
El episodio se inserta en un mapa legal más amplio para el magnate: además de este litigio civil en Nueva York, Salinas encara controversias fiscales de alto perfil en México y reclamaciones de acreedores en otros frentes corporativos; aun así, el caso AT&T se volvió hoy el frente más urgente por su potencial consecuencia penal (arresto por desacato) si no se garantizaba el pago. Para el lector, el hecho verificable a esta hora es el siguiente: hubo una orden judicial con ultimátum; se depositó una fianza de 25 mdd; no hay arresto; y el juicio sigue en etapa de apelación. Lo que venga dependerá de si la Primera División mantiene o revierte la condena y de si, de confirmarse, AT&T ejecuta la garantía para cobrar.
Un apunte de contexto que corrige versiones imprecisas: cuando AT&T compró Iusacell, la cifra pactada fue del orden de 2.5 mil millones de dólares, no “2.5 millones” como apareció en algunas notas; hay consenso periodístico y corporativo en ese monto y está respaldado por coberturas de 2014–2015. Esa precisión es relevante porque explica por qué una disputa postventa por impuestos previos y garantías puede escalar a decenas de millones y terminar, como hoy, en fianzas y apremios inusuales para un empresario de ese tamaño.
En suma, la noticia no es sólo que Salinas Pliego no irá a Rikers: es que la Corte de Nueva York está usando herramientas de presión excepcionales para forzar el cumplimiento de una sentencia en un pleito comercial de alto voltaje; que AT&T consiguió asegurar con dinero el eventual cobro mientras se decide la apelación; y que el caso reabre la conversación sobre cumplimiento transfronterizo de fallos y el riesgo judicial para empresarios mexicanos con activos y movilidad en Estados Unidos. Aquí y ahora, el tablero queda así: fianza en caja, arresto fuera de la mesa, litigio vivo.
