Por Luis Martínez Alcántara
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un paquete de leyes secundarias que buscan fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas estratégicas para el desarrollo nacional. Estas reformas complementan la enmienda constitucional de octubre de 2024, que revirtió la reforma energética de 2013.
El paquete legislativo incluye seis nuevas leyes: la Ley de la Empresa Pública del Estado para Pemex y CFE, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Estas normativas buscan simplificar las estructuras de ambas empresas y garantizar su papel central en el sector energético mexicano.
Una de las principales modificaciones es la desaparición de las subsidiarias y filiales de Pemex y CFE, permitiendo su integración horizontal y vertical para operar de manera más eficiente. Además, se establece que la CFE mantendrá al menos el 54% de la generación eléctrica del país, mientras que el restante 46% estará disponible para la participación privada bajo esquemas regulados.
La Ley de Planeación y Transición Energética reconoce por primera vez el concepto de “justicia energética”, buscando reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía, y garantizando recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable. También se crea el Sistema Nacional de Información Energética y el Consejo de Planeación Energética como órgano de coordinación.
Estas reformas representan un cambio significativo en la política energética de México, priorizando el control estatal y la soberanía energética, al tiempo que permiten una participación privada regulada. La administración de Sheinbaum busca con estas medidas asegurar la autosuficiencia energética y promover una transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.
